En los últimos meses los cierres de clásicos porteños s junto a la pérdida de puestos de trabajo se convirtieron en la nueva realidad. Los informes demostraban que, según los empresarios gastronómicos, el 75% no podría continuar con sus puertas abiertas si la situación continuaba y los más optimistas (en realidad un 62%) consideraban que si para el mes de agosto no se los permitía volver a sus trabajos deberían cerrar definitivamente.

Los números son alarmantes: cada día que pasa 90 locales gastronómicos se ven obligados a cerrar y quienes se mantienen en pie lo hacen acumulando deudas. En cada uno de ellos, promedio, se emplean aproximadamente a más de 10 personas y se contrata generalmente a 15 proveedores de alimentos. Además, la gastronomía es protagonista del empleo joven: más del 70% de las personas empleadas tienen hasta 24 años, convirtiendo a su vez a esta industria en una de los motores económicos del país.

Agosto pasó dejando como novedad que a partir del mes de septiembre los bares y restaurantes podían colocar mesas en terrazas y la vía pública; sin embargo los especialistas afirman que el punto de equilibrio de un establecimiento gastronómico es cuando alcanza el 70% de su ocupación, porcentaje que la mayoría no logra facturar ni con el delivery ni con esta nueva resolución del gobierno porteño.

Si bien los protocolos están pensados para garantizar la seguridad de los comensales y los empleados habrá que ver cómo reacciona la gente en una situación donde los contagios parecen ir en alza.

En tiempos adversos muchos gastronómicos se fueron uniendo para pedir ayuda al Estado para revertir esta situación: desde FEHGRA solicitaron la Ley de Emergencia Económica del Sector, se conformó la Unión Salvemos los Restaurantes en Argentina y Gastronautas que pidieron alivio en materia impositiva. En las últimas semanas surgió el movimiento No Más Sillas al revés dirigida a Horacio Rodríguez Larreta  solicitando el pago de la mitad del IVA, Ingresos Brutos, reducción de aportes y contribuciones por tiempo indeterminado. ACELGA también se sumó a los reclamos sin especificar de qué manera el Estado podía ayudarlos.

La semana pasada se confirmaba que los bares y restaurantes no pagarán impuesto a los ingresos brutos en los próximos seis meses, hasta febrero 2021.

Habrá que ver si ambas medidas complementarias, impositivas y take away plus, logran revertir una situación que se complejiza cada vez más y no parecería tener un final.