El inicio del 2020 trajo consigo la implementación de la Resolución 5/2018, la cual incluyó en el Código Alimentario Argentino la obligatoriedad de las buenas prácticas agrícolas (BPA) en la producción primaria de frutas (es decir durante el cultivo y cosecha) a partir del 2 de enero y de hortalizas a partir del año entrante; también tendrán que ser introducidas en instancias secundarias que cubren desde el almacenamiento hasta la comercialización.
El Manual de Buenas Prácticas Agrícolas incluye siete puntos a tener en cuenta, entre los que se incluyen la trazabilidad, la utilización de determinados fitosanitarios, el tipo de agua dedicada a los cultivos, así como también prácticas de manipulación correctas a la hora de la cosecha.
Durante el 2019, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) estuvo recorriendo el país capacitando a productores sobre las normativas que iban a ser implementadas. De hecho, esta nueva norma indica que los productores deberán contar con la asistencia de un técnico/profesional para asesorase sobre las mismas.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), en el mundo existen 821 millones de personas subalimentadas. Aproximadamente 1/3 de los alimentos que son producidos son desperdiciados, es decir más de 1.300 millones de toneladas que podrían estar alimentando a 2 billones de personas. En Argentina el desperdicio alcanza anualmente los 16 millones de toneladas de alimentos, muchos de los cuales provienen de la producción agrícola. De hecho, se calcula que aproximadamente el 23% de la producción hortícola de la Provincia de Buenos Aires se descarta.
Desde hace años nuestro país está tratando de revertir esta tendencia con el objetivo de construir sistemas alimentarios más sostenibles. Desde 2015 cuenta con un Programa Nacional de Reducción de Pérdida y Desperdicio de Alimentos gestionado, actualmente, por la Secretaria de Gobierno de Agroindustria de la Nación, y ha conformado una Red Nacional con más de 100 miembros del sector público, empresas del sector agroalimentario y ONGs, sumándose en estos últimos meses la resolución aplicada recientemente.
